HECHOS:
Contrato de arrendamiento de vivienda de fecha 23 de marzo
de 2015, pactado por un plazo de tres años, hasta el 22 de marzo de 2018,
prorrogándose posteriormente un año más, hasta el 22 de marzo de 2019. El
arrendador es una SAU.
En ese momento, 22 de abril de 2019, las partes suscribieron una novación modificativa por la que se prorrogó la duración del contrato por tres años más, hasta el 21 de abril de 2022.
Llegado ese momento y previa notificación de fin de contrato
la arrendadora insta demanda de desahucio por extinción del contrato.
Los demandados no se personaron ni contestaron la demanda,
siendo declarados en rebeldía.
El juzgado de primera instancia desestimó la demanda.
La Audiencia Provincial de Tarragona, sentencia de 26 de
marzo de 2026, desestima íntegramente el recurso de apelación de la sociedad
arrendadora.
Considera la AP que la controversia en esta alzada se centra
en la naturaleza jurídica del documento suscrito por las partes en fecha 22 de
abril de 2019. La resolución recurrida considera que dicho documento constituye
un nuevo contrato de arrendamiento celebrado tras la extinción del contrato
inicial, por lo que resulta de aplicación la normativa vigente en ese momento. La
parte apelante sostiene que dicho documento constituye una novación
modificativa del contrato de arrendamiento suscrito en 2015.
Cuando en fecha 22 de abril de 2019 las partes suscribieron
el documento que han denominado de "Novación modificativa del contrato de
arrendamiento de vivienda de fecha 23 de marzo de 2015",el contrato de
arrendamiento de vivienda de 23 de marzo de 2015 ya no estaba vigente.
A partir del 22 de marzo de 2019, habiendo permanecido la
parte arrendataria disfrutando al menos quince días de la cosa arrendada con
aquiescencia del arrendador, operó la tácita reconducción del contrato
inicialmente suscrito al amparo del artículo 1566 del Código Civil español.
La tácita reconducción no supone una prórroga del contrato
anterior, sino que es un nuevo contrato con la vigencia inherente a la tácita
reconducción.
De modo que cuando en fecha 22 de abril de 2019 las partes
suscribieron el documento denominado "Novación modificativa del contrato
de arrendamiento de vivienda de fecha 23 de marzo de 2015”, en realidad no
estaban llevando a cabo una novación modificativa del contrato de arrendamiento
de vivienda de 23 de marzo de 2015, toda vez que dicho contrato ya se había
extinguido.
Y por tanto lo que estaban suscribiendo era un nuevo
contrato de arrendamiento, como afirma la sentencia de instancia.
Este nuevo contrato se suscribió en fecha 22 de abril de
2019, estando ya vigente el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes en materia de vivienda y alquiler, debiendo estarse a lo dispuesto en
el artículo 9 del mismo que prevé una duración mínima, en beneficio del
arrendatario, de siete años cuando el arrendador es persona jurídica.
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