HECHOS:
Se reclama judicialmente la cantidad de 13.715,35 euros,
IVA incluido, en concepto de honorarios profesionales. En dicha suma se incluía
el importe de 30 euros, correspondiente al burofax mediante el cual el
demandante les remitió la factura por sus honorarios, junto con la sentencia
del procedimiento en el que había intervenido en su defensa.
Los demandados se allanaron parcialmente a la demanda, pero se
opusieron al pago de los gastos del burofax.
El juzgado de primera instancia estimó la demanda, en
relación con los gastos de burofax señaló: «Dentro de las costas se incluyen
abonos a personas que hayan intervenido en el proceso, por lo que el burofax no
tiene por qué incluirse en la tasación de costas y puede reclamarse como gasto
o daño derivado del incumplimiento de la obligación contractual.».
La Audiencia provincial desestimó el recurso de los demandados
y en relación con el burofax declaró: «En cuanto a los gastos del burofax
enviado a los demandados en reclamación del pago de la minuta de honorarios,
los mismos son a cargo del deudor, tanto porque no forman parte del concepto de
costas del proceso, tal y como indica la sentencia de primer grado, como porque
corresponden al deudor conforme a lo dispuesto en el artículo 1168 del Código
Civil. En el mismo sentido, el artículo 1124 del Código Civil establece que, si
el acreedor opta por el ejercicio de la acción de cumplimiento -como ha sido aquí
el caso-, también tiene acción para reclamar los daños causados por el
incumplimiento, entre los cuales se incluyen los gastos que haya debido
soportar para reclamar el pago.
El Tribunal Supremo, sentencia de 5 de junio de 2025, estima
en parte el recurso de casación, en el único sentido de dejar sin efecto la
condena de los demandados a pagar al demandante la cantidad de 30 euros.
Considera el Supremo que lo único que se cuestiona es si ese
gasto concreto del burofax puede ser repercutido al deudor, bien conforme a lo
dispuesto en el art. 1168 del CC, bien como un daño indemnizable ex art. 1124
del mismo cuerpo legal.
El art. 1168 del CC establece que «los gastos
extrajudiciales que ocasione el pago serán de cuenta del deudor», lo cual
implica, desde un punto de vista técnico, que dichos gastos han de estar
directamente relacionados con el acto mismo de cumplir. No basta, por tanto,
con que se trate de un gasto realizado en el entorno de la relación
obligacional; es necesario que se trate de un desembolso indispensable para
llevar a efecto el cumplimiento debido, en el sentido de facilitarlo o
permitirlo de forma efectiva. Así lo ha entendido la jurisprudencia al señalar
que se incluyen en el ámbito del art. 1168 aquellos «gastos necesarios para la
ejecución de la prestación realizados con ocasión del pago por el acreedor, a
efectos de exigir su reembolso por el deudor».
Desde esa perspectiva, no puede afirmarse sin más que el
envío de la factura mediante burofax constituya un acto necesario para el pago,
ni que la elección de ese medio de comunicación responda a una exigencia
funcional o jurídica que justifique su coste. El acreedor dispone de múltiples
vías ordinarias para poner en conocimiento del deudor el importe de sus
honorarios: la entrega personal, el correo ordinario o electrónico, u otros
mecanismos menos gravosos que el burofax. La elección de este último -más oneroso-
constituye una opción unilateral del acreedor, que no guarda una relación
directa ni necesaria con el cumplimiento de la obligación principal, máxime
cuando no consta que el deudor -los ahora recurrentes- se hubiera negado
previamente al pago ni que existiera una conducta de resistencia o pasividad
que hiciera indispensable la utilización de un medio fehaciente y costoso. La
factura, en sí misma, no requiere formalidad alguna en su notificación, y si el
acreedor opta voluntariamente por un canal más gravoso sin que concurra causa
que lo justifique, el resultado económico de esa elección no puede imponerse al
deudor.
Tampoco cabe reconducir el importe del burofax a la
categoría de daño resarcible derivado del incumplimiento, al amparo del art.
1124 del CC. Para que un gasto como el analizado pueda considerarse daño
indemnizable, debe acreditarse no solo que hubo incumplimiento imputable al
deudor, sino que existe un nexo causal entre ese incumplimiento y el gasto en
cuestión, de modo que pueda afirmarse que este último fue una consecuencia
directa y necesaria del primero. En el presente caso, tal conexión no se aprecia.
El envío del burofax no consta que fuera provocado por una negativa expresa a
pagar, ni tampoco respuesta necesaria a una conducta renuente de los ahora
recurrentes; fue, más bien, una medida adoptada motu proprio por el acreedor,
sin constancia de requerimientos previos ni de una negativa frontal a atender
la obligación. La decisión de acudir directamente a un medio fehaciente
responde más a una estrategia preventiva o a una preparación del litigio que a
una necesidad objetiva de impulso del cumplimiento.
