HECHOS:
Contrato de arrendamiento de vivienda de 1 de agosto de 2008
El inquilino se divorcia por sentencia de 21 de octubre de
2021, en la que fue atribuida a la esposa el uso de la vivienda familiar por el
plazo de tres años a contar desde la presente resolución.
El arrendador formula demanda de desahucio contra ambos por expiración
del plazo y reclamando los alquileres impagados desde noviembre de 2021.
El inquilino se opone a la demanda y la esposa no comparece
y es declarada en rebeldía.
El Juzgado dicta sentencia declarando resuelto el
arrendamiento y condena a la esposa demandada al pago de las rentas pendientes y en
concepto de daños y perjuicios las cantidades equivalentes a una mensualidad
rentas (500 euros) por cada uno de los meses que ocupe la vivienda hasta la
definitiva desocupación del inmueble.
La Audiencia Provincial de Barcelona desestima el recurso de
apelación de la arrendadora y confirma la sentencia de instancia.
Considera la Audiencia que lo que se solicitó en la demanda es
que fuese declarada la resolución del contrato y se condenase a ambos
demandados al desalojo y al pago de las rentas, refiriéndose a ambos como
"parte demandada". Pero consideramos que esas dos condenas no pueden
tener jurídicamente lugar de modo conjunto, puesto que se excluyen entre sí.
Consideramos que, únicamente, cabían dos opciones: a) que el
demandado fuera tenido por arrendatario, sin tener por efectuada en la demanda
subrogación alguna de la demandada, o b) que sólo la demandada fuera tenida por
arrendataria, por vía de subrogación en la posición que como tal tenía el
demandado hasta la subrogación. No cabían las dos opciones conjuntamente.
Es cierto que la forma de proceder en este caso por el
demandado, entregando a la actora la sentencia de divorcio por la que fue
atribuido el uso de la vivienda familiar arrendada a la demandada, y,
presumiblemente, una vez pasado el plazo de dos meses previsto por la Ley -al
menos, no consta debidamente acreditado lo contrario-, no se atenía a las
exigencias legales: debió haber sido el cónyuge beneficiado por la atribución
del uso temporal de la vivienda familiar -la demandada-, quien, en ejercicio de
la potestad que ya le otorgaba el art.15 LAU.
Sin embargo, es relevante que, en la demanda, no fuese
cuestionada la falta de comunicación directa por la demandada de su deseo de
subrogarse en la posición de arrendataria, posibilidad que contemplaba el art.15 LAU ya en la fecha de suscripción del contrato; de hecho, no se hizo
alusión dicho precepto legal, y tampoco se cuestionó si se había cumplido o no
el plazo de dos meses que prevé su apartado 2.
Cabe puntualizar, además, que se trata de un contrato que
estaba ya en tácita reconducción cuando la actora comunicó al arrendatario
demandado en 2022 su voluntad de que no continuase la relación arrendaticia, y
que, de hecho, los tres años de derecho de uso de la vivienda familiar
concedidos a la demandada por la sentencia de divorcio habrían superado, en la
práctica, la duración misma del contrato.
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