HECHOS:
Contrato de arrendamiento de vivienda firmado el 22 de marzo
de 2017 con un plazo de duración anual que finalizaba el 14 de mayo de 2018
El 10 de noviembre de 2018 se produce un incendio que
deja la vivienda inhabitable, hasta que no se reparen los daños de la misma.
El día 28 de noviembre de 2018 la parte arrendadora
recibió comunicación remitida por los arrendatarios que indicaba que procedían
a resolver el contrato de arrendamiento con efectos del día 30 de noviembre
de 2018 y solicitaban que se les indicara el lugar de entrega de llaves de
la vivienda. Mediante correo electrónico la arrendadora comunicó su
disconformidad.
La arrendadora presenta demanda solicitando, en concepto de
lucro cesante, los alquileres hasta la finalización del contrato.
El Juzgado de primera instancia estima parcialmente la demanda
condenando a los inquilinos a pagar la cantidad de 2.150 euros, suma de
los alquileres correspondientes al tiempo en que, presumiblemente, la vivienda
estuvo inhabitable.
La sentencia se basa en los siguientes razonamientos:
1.- Apreciar la responsabilidad solidaria (art.1564 CC) de
los arrendatarios conforme al art. 1563 CC y la jurisprudencia que lo
interpreta, debido a que no obraron con la diligencia exigible para evitar la
producción del evento dañoso, siendo intrascendente que uno de ellos no se
encontrara en la vivienda en el momento del siniestro.
2.- Estimar que el lucro cesante consistía en la renta dejada
de percibir durante el tiempo en el que la vivienda estuvo inhabitable como
consecuencia de los daños ocasionados por el incendio.
3.- Considerar que los arrendatarios desistieron del
contrato mediante su comunicación de 28 de noviembre al amparo del art.
11 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo cual no impediría exigir la
indemnización del daño debido a la negligencia de los demandados.
4.- Pese a apreciar que no se habría probado exactamente
cuándo terminaron las obras de reparación del inmueble, en atención a la prueba
indirecta practicada se concluyó que las obras debieron concluir a final del
mes de marzo de 2019.
Contra esta sentencia recurrieron ambas partes.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona de 30 de
julio de 2021, desestima ambos recursos y confirma la del juzgado.
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