HECHOS:
Contrato de arrendamiento de vivienda 11/02/2017. Dicho
contrato debía finalizar el 11/03/20 pero ante la falta de comunicación se
prorrogó por un año más.
El arrendador envía burofax al inquilino en fecha 26/08/20,
el cual no fue recogido por el interesado. Informado de la intención de no
continuar con el arrendamiento
A dicho burofax el inquilino contesta expresamente: "Vale,
perfecto, no hay problema".
El día 04/09/20 se presenta demanda solicitando que se declare
que el contrato de arrendamiento suscrito en fecha 11 de febrero de 2017, anteriormente citado, finalizará sin más dilación por todo el día 11 de febrero de
2021.
En fecha 24/03/21 se comunica al Juzgado que el demandado había
abandonado la vivienda y que, de conformidad a ello, desistía del procedimiento
por falta sobrevenida de objeto en el caso de que el demandado renunciara a la
pretensión de reclamar costas. En caso contrario, debería continuarse el
procedimiento para determinar la imposición de las costas devengadas.
La sentencia de primera instancia desestima la demanda condenando en costas al demandante.
La Audiencia Provincial de sentencia de 1 de julio de 2026,
desestima el recurso de apelación condenando en costas al apelante.
Considera la AP que cuando se envió el burofax a la parte
demandada el 26/08/20, comunicando la intención de no renovar el contrato
suscrito, ésta contestó dos días más tarde no mostrando oposición a la
finalización de contrato.
A pesar de la aceptación por la parte arrendataria a la
extinción del contrato por expiración del plazo, la parte actora presentó
demanda el 09/02/21, obligando a la parte contraria a contestar a la demanda
con la asistencia de Procurador y Abogado en atención a la naturaleza del
procedimiento.
En la fecha en que se presentó la demanda, el contrato de
arrendamiento todavía estaba en vigor, pues el mismo no finalizaba, tal y como
instaba la parte actora hasta el 11/02/21, por lo que se trataba de una demanda
a futuro, añadiendo además y a mayor abundamiento, que ni siquiera transcurrió
el plazo de los 30 días de los que disponía la parte demandada para recoger el
burofax ( art. 42 del RD 1829/1999 de 3 de diciembre) y haberse podido
acreditado así el requerimiento previsto en el art. 10.1 de la LAU.
Así pues, debe entenderse que ciertamente no existía
controversia que dilucidar con independencia del acuerdo que se alcanzó con
posterioridad con efectos liquidatarios, actuando en todo momento la parte
arrendataria de conformidad a los dictados de la buena fe, con entrega de la
posesión en la fecha que le fue comunicada por la parte actora, y sin muestra
de oposición alguna. De conformidad a ello procede mantener el pronunciamiento
de imposición de costas a la parte actora en los términos expuestos en la
resolución de primer grado.
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