De modo
análogo a las decisiones tomadas sobre los alquileres de vivienda el
Gobierno ha decidido intervenir en los demás alquileres, arrendamiento distinto de vivienda, según
define el artículo
3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
Vamos a intentar resumir, en lo que se refiere a esta
materia, el farragoso Real
Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo, 59
páginas en total:
Medidas adoptadas para proteger al arrendatario:
El Decreto distingue
esas medidas según las características del arrendador:
A) Empresa o
entidad pública de vivienda, o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona
física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo
garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2.
B)
Arrendadores distintos del caso anterior.
En el supuesto A) el
arrendatario tendrá derecho a:
-Moratoria en el
pago de la renta por un plazo máximo de cuatro meses.
-Pago fraccionado en
dos años, sin intereses, de los alquileres resultantes de esa moratoria.
En el supuesto B)
el arrendatario podrá:
-Solicitar al arrendador el aplazamiento temporal y
extraordinario en el pago de la renta
-Disponer de la fianza para el pago total o parcial de
alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia.
Requisitos para
acogerse a esas medidas:
a) Alta en RETA para autónomos y no superación de los límites
establecidos en el art. 257.1 de la Ley
de Sociedades de Capital para PYMES
b) Suspensión de la actividad como consecuencia del estado
de alarma o
c) Reducción de un 75% de la facturación por el mismo
motivo.
Acreditación de los
requisitos:
-La reducción de actividad mediante declaración responsable
del arrendatario que haga constar la reducción de la facturación. El arrendador
podrá exigir los libros contables al arrendatario para acreditar la reducción
de la actividad.
-La suspensión de actividad, se acreditará mediante
certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o
el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la
declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
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