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martes, 19 de septiembre de 2017

La cuantificación de la responsabilidad civil por negligencia profesional.



HECHOS:

El interesado contrata los servicios de un abogado para recurrir el despido disciplinario de la empresa en la que había trabajado desde noviembre de 1996, por transgresión de la buena fe contractual.

La demanda es desestimada por caducidad al haber sido presentada fuera de plazo.

El perjudicado reclama contra su letrado en reclamación de daños y perjuicios derivados de su negligencia profesional por importe de 195.098,72 euros.

El juzgado estima parcialmente la demanda y condena al abogado abonar la suma de 12.000 euros, más el interés legal. La sentencia fue confirmada por la Audiencia.

El Tribunal Supremo, sentencia de 13 de julio de2017, estima el recurso extraordinario por infracción procesal por incongruencia y falta de motivación de la sentencia recurrida y anula la sentencia recurrida y repone las actuaciones de segunda instancia al momento inmediatamente anterior a dictar la sentencia objeto de este recurso, para que, con absoluta prioridad  y remisión de los autos y rollo de apelación a la citada sección de la Audiencia Provincial de Madrid, proceda a dictar una nueva sentencia debidamente fundamentada, fáctica y jurídicamente, en cuanto a la pretensión indemnizatoria suscitada, teniendo en cuenta lo que haya sido resuelto con carácter firme.

Considera el Supremo que se desconoce cuál es el camino que se ha seguido en ambas instancias para llegar a entender que con la imposición de una cantidad a tanto alzado de 12.000 euros quedaba resarcida la acción de daños y perjuicios por negligencia profesional ejercitada contra el demandado, necesario para conocerlo y discutirlo en caso de no ser ajustado a derecho.

La motivación contenida en la sentencia no expresa ni razona de forma clara cuáles son las circunstancias por las que fija a tanto alzado una determinada cantidad, y no otra, ni en que concepto se le indemniza, con una motivación indudablemente ambigua en la que se mezcla el daño moral, el patrimonial y la pérdida de oportunidad para confirmar la sentencia del juzgado, que parece acudir al criterio de pérdida de oportunidad para indemnizar los daños y perjuicios «por cumplimiento defectuoso del contrato» en 12.000 euros, sin precisar que oportunidades se perdieron para cuantificar de esa forma y no de otra el daño resultante de la negligencia profesional, y sin hacer lo que corresponde en estos caso, como con reiteración ha declarado esta sala, esto es un cálculo de prosperabilidad de la acción frustrada por la negligencia del letrado; todo ello después de haber estimado la existencia de negligencia, el daño y la relación de causalidad entre uno y otro, lo que impide a esta sala dar una repuesta adecuada al recurso.

La motivación cumple una doble finalidad: la de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada, haciendo explícito que responde a una determinada interpretación del derecho, y la de permitir su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos, evitar que el derecho a la tutela judicial efectiva sufra una. Nada de esto ha sido observado en la sentencia recurrida.

miércoles, 13 de septiembre de 2017

Obtención fraudulenta de sentencia condenatoria



El Tribunal Supremo en sentencia de 13 de julio de 2017 estima la revisión solicitada y declara rescindida y sin efecto la sentencia del Juzgado de Primera Instancia que condenaba en rebeldía al demandado, solicitante de la revisión al pago de 9.000 €, más el importe de las rentas que siguieran devengándose hasta la devolución de la posesión.

Recuerda el Supremo que esta sala ha afirmado en múltiples resoluciones que una de las manifestaciones de la maquinación fraudulenta que permite la revisión de la sentencia es aquella en que incurre quien ejercita una acción judicial cuando oculta el domicilio de la persona contra la que estaba dirigida, a fin de que se le emplace o cite por edictos y se sustancie el procedimiento en rebeldía.

Esta causa de revisión ha sido relacionada por la jurisprudencia con el derecho a la tutela judicial efectiva y con el carácter subsidiario que, según la jurisprudencia constitucional, debe tener el emplazamiento o citación por edictos, de tal manera que solo cabe acudir a él como última solución cuando no se conoce el domicilio de la persona que deba ser notificada o se ignora su paradero por haber cambiado de domicilio.

En este caso no hubo rebeldía propiamente dicha, porque la cédula de citación fue recibida por la ex-esposa del codemandado sin objeción alguna, por lo que el juzgado lo dio por citado y no lo declaró formalmente en rebeldía, en los términos del art. 496 LEC . Pero la consecuencia fue de similar efecto, porque como veremos el codemandado ignoró la existencia del procedimiento y no pudo comparecer y defenderse en el mismo.

Conforme a la jurisprudencia citada, la maquinación fraudulenta consistente en la ocultación maliciosa del domicilio del demandado concurre objetivamente no solo cuando se acredita una intención torticera en quien lo ocultó, sino también cuando consta que tal ocultación, y la consiguiente indefensión del demandado, se produjo por causa imputable al demandante y no al demandado.

La documentación obrante en las actuaciones revela que aunque en el contrato de arrendamiento figuraba como domicilio del solicitante de la revisión la finca arrendada, el arrendador tenía conocimiento, antes de la interposición de la demanda de desahucio y reclamación de rentas, de que no vivía en el piso alquilado, sino en una localidad de Navarra. Y ello, porque el demandante de revisión le envió diversas comunicaciones (burofax y correos electrónicos) en las que figuraba su domicilio efectivo y que el casero no podía ignorar, puesto que algunas de ellas incluso las contestó. E incluso al recibir la última de las comunicaciones, el correo electrónico de 8 de abril de 2014, le ocultó al codemandado que el proceso judicial estaba ya en trámite (de hecho, incluso ya se había dictado la sentencia).

El casero , lejos de facilitar al Juzgado el domicilio en Navarra del  codemandado del que era conocedor, insistió en la citación en el piso arrendado en Valencia, por lo que la diligencia de citación se entendió exclusivamente con la  ex-esposa de éste, de la que se encontraba divorciado, y se le dio como indebidamente citado.

Aunque la anterior esposa del codemandado pudiera haber contribuido a la indefensión de éste, al recibir la citación sin objeción, ello no relevaba al casero de su obligación de facilitar un domicilio efectivo del que tenía conocimiento. Así lo impone el art. 155.2.2 LEC , al decir: Asimismo, el demandante deberá indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de éste, como números de teléfono, de fax, dirección de correo electrónico o similares.

miércoles, 6 de septiembre de 2017

La responsabilidad del casero en incendio de la vivienda alquilada



La compañía aseguradora del casero reclama al inquilino la cantidad de 18.394,99 euros que se vio obligada a pagar como consecuencia  de los daños ocasionados en la vivienda arrendada, por un incendio producido, a juicio de la aseguradora, por imprudencia del inquilino, pues encendió la chimenea, en los nueve meses que llevaba ocupando la vivienda no la había limpiado nunca y, además, abandonó la vivienda dejando la chimenea encendida.

Tanto el juzgado de 1ª instancia como la Audiencia Provincial de Burgos, sentencia de 23 de mayo de 2017, desestiman la demanda, por considerar que la causa del incendio no ha quedado determinada, que pudo obedecer a múltiples y/o concurrentes causas, de las que solo una, y en principio, pudiera ser imputable al arrendatario demandado, la falta de limpieza de la chimenea.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios: "La comprobación, y limpieza si procede, de conductos de humos y chimeneas, sería de una vez por temporada (año)".

No se justifica la imputación de falta de diligencia del inquilino por falta de limpieza de la chimenea, en atención a las siguientes circunstancias acreditadas:

-El incumplimiento por la propietaria arrendadora de la obligación de entregar el inmueble en adecuadas condiciones de uso del inmueble, y por tanto con los conductos de la chimenea en correcto estado de uso y mantenimiento, lo que obviamente suponía que la propiedad hubiera realizado las oportunas labores de comprobación y limpieza de la chimenea; pues la propietaria, asegurada de la Aseguradora demandante, en los once años que había venido utilizando diariamente la chimenea, según declaró, no había realizado nunca la comprobación y limpieza de la chimenea que previene el Reglamento de Instalaciones Térmicas de edificios se haga una vez al año.

-Dado que el inquilino demandado alquila el inmueble en Febrero de 2013, cuando se produce el incendio en Diciembre de 2013 no había transcurrido un año, y que el uso que hacía de la chimenea no era intensivo, básicamente los fines de semana, no puede considerarse le fuera exigible realizar una comprobación, y limpieza en su caso, de la chimenea a la fecha del siniestro (se había limitado, según declaró a utilizar cartuchos de limpieza del tiro en Abril/Mayo).

Teniendo en cuenta que manifiesta que utilizaba cartuchos de limpieza tras los encendidos, que la leña que empleaba era de encina (recomendada porque no produce mucha creosota) que llevaba menos de un año en la posesión de la vivienda, que la zona del hogar de la chimenea se encontraba limpia, y cerrada, en correctas condiciones de mantenimiento, se puede afirmar que el arrendatario en la utilización de la chimenea empleo la diligencia que le era exigible realizando un uso correcto de la misma.

Teniendo en cuenta que el incendio se originó en la zona de cubierta, alrededor del tubo de la chimenea, el hecho de que inquilino saliera de la vivienda y dejara la chimenea encendida, con la zona del hogar perfectamente cerrada y limpia, en modo alguno puede justificar considerarle responsable del incendio, que se habría originado de igual manera teniendo en cuenta donde se inició pues, además, de que esta circunstancia no tuvo incidencia causal en la producción del incendio, ni tampoco en las consecuencias del mismo.

martes, 18 de julio de 2017

Años 1970: La lucha contra el fraude fiscal en alquileres



En la facultad de Derecho de la Complutense nos correspondió un ilustre catedrático de Derecho Civil, de cuyo nombre no quiero acordarme, que dedicó todo el curso sobre Obligaciones y Contratos a disertar exclusivamente sobre el concepto jurídico de obligación, a la luz de la doctrina actual y pasada, con lo sencilla que es la definición legal: Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. El resultado fue que, al término del curso académico, yo no había oído siquiera mencionar la Ley de Arrendamientos Urbanos.


Pues bien, en 1970 cuando me incorporé al ejercicio de la abogacía, el primer cliente que apareció por mi despacho, me hizo la siguiente consulta: Vivo de alquiler en tal sitio-calle del centro de Madrid-  y pago 7.000 ptas. (42,07€), vea el contrato; me han dicho que tengo derecho a pagar el alquiler que el casero haya declarado a Hacienda, he ido a Hacienda y mi casero no declara nada, aquí tiene el certificado, ¿Qué debo hacer?


Ni que decir tiene que, si no había leído la Ley de Arrendamientos, la noticia que me daba mi cliente era algo absolutamente ignorado, sin embargo la profesión de abogado tiene la ventaja de que se puede contestar como yo lo hice y "quedar bien": Se trata de un tema que reviste la suficiente importancia y complejidad, como para que no me atreva a dictaminar sobre el mismo sin un estudio profundo, déjeme la documentación y la semana que viene le daré mi respuesta.


Inmediatamente acudí a una buena librería jurídica, adquirí una recopilación de las normas reguladoras de arrendamientos urbanos y pude observar que el artículo 103 del Texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de diciembre de 1964 ordenaba lo siguiente:  Cuando la renta declarada a efectos fiscales sea inferior a la percibida, el inquilino o arrendatario podrá reducirla a la cuantía declarada, cuya reducción subsistirá hasta que el arrendador declare la renta que hubiera venido percibiendo y, en todo caso, durante el plazo mínimo de dos años.


Con esta información ¿Qué convenía hacer a continuación?


Dada mi bisoñez consulté a un abogado experimentado y, siguiendo su consejo, pedí al cliente poder para pleitos y, sin más trámites, cartas o requerimientos, entablé contra el casero la correspondiente demanda, ante el Juzgado Municipal de Madrid que me correspondió, solicitando lo que la ley concedía a mi cliente.


En aquella época la justicia funcionaba relativamente bien e inmediatamente fui citado para celebrar el juicio, no es de explicar el sobresalto que sufrí al observar que la defensa de la parte contraria, en mi primer pleito, la ostentaba uno de los abogados de mayor renombre de Madrid, acompañado de dos pasantes.


Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en las películas americanas que los abogados de "campanillas" siempre ganan, el juez dictó sentencia condenando al casero a admitir como alquiler durante dos años, o hasta que acreditara haber declarado el alquiler contractual,  la renta catastral del inmueble, puesto que no tenía declarado ningún alquiler y no parecía justo que mi cliente estuviera dos años gratis. Además debería pagar las costas. Conviene aclarar que la renta catastral fijada por el Juez, si mi memoria no me falla, fue de 1.000 ptas. al año (6.01€).


P.D.:  Hay que subrayar que ese sistema de persecución del fraude fiscal, no está vigente

viernes, 14 de julio de 2017

Límites de la obligación de asistencia económica de padres a hijos



El Tribunal Supremo en reciente sentencia, 22 de junio de 2017 que revoca la de la Audiencia Provincial y la del Juzgado, establece una serie de motivos por los que se extingue el derecho de un hijo a recibir asistencia económica por parte de su padre.

HECHOS:

Padre divorciado que solicita la modificación de las medidas reguladoras en el sentido de retirar la pensión de alimentos (600€) a su hijo así como los gastos de arrendamiento (625€) y consumos de la vivienda donde el mismo reside.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación, revocando la sentencia de la Audiencia Provincial y declara la extinción de la pensión alimenticia, incluida la contribución al alquiler, del hijo del demandante

Fundamenta el Supremo esta resolución en los siguiente:

El art. 93 del Código Civil establece la necesidad de que los padres atiendan económicamente los alimentos de los hijos mayores de edad, si carecieran de ingresos propios, alcanzando a los que aún no hayan terminado su formación, por causa que no les sea imputable a los hijos.

El art. 152 del mismo texti establece la cesación de la obligación de prestar alimentos, cuando el hijo pueda ejercer una profesión u oficio.

El apartado 5 del art. 152  establece la cesación de la obligación de prestar alimentos: Cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa.

En el presente supuesto el hijo beneficiario de la pensión:
Nació en 1994
Durante su adolescencia ha sido un pésimo estudiante
Terminó la ESO con 20 años.
En 2011 tuvo siete insuficientes.
En 2012 y 2013 no cursó estudios.
Al interponerse la demanda de modificación de medidas se matriculó en formación profesional, rama de automoción, cuyo aprovechamiento no consta.
Convive con su madre.

Partiendo de estos hechos ha de acogerse la pretensión esgrimida en el recurso, como principal, declarando la extinción de la pensión alimenticia, incluida la contribución al alquiler, en su día fijada, dado que no consta aprovechamiento alguno del hijo mayor de edad, pues pese a estar en edad laboral ni trabaja ni consta que estudie con dedicación, ya que solo se acredita la matriculación en fechas inmediatas a la interposición de la demanda de modificación de medidas.

Esta sala, debe declarar que la no culminación de estudios por parte del hijo es por causa imputable a su propia actitud, dado el escaso aprovechamiento manifestado de forma continuada, pues no se trata de una crisis académica coyuntural derivada del divorcio de los padres.

De lo actuado se deduce que el hijo mayor de edad reunía capacidades suficientes para haber completado su formación académica, debiéndose las interrupciones y la prolongación en el tiempo a su escasa disposición para el estudio. Tampoco consta intento de inserción laboral.